Abogados y activistas de DDHH exigen libertad plena, la desestimación de los cargos y la anulación del proceso contra los 33 hombres detenidos la semana pasada en Venezuela durante una redada en un club privado frecuentado por miembros de la comunidad LGBTIQ+ por presuntamente participar en una supuesta “fiesta sexual”.
Treinta de ellos fueron excarcelados el miércoles de la semana pasada bajo régimen de presentación y tres permanecen detenidos, en medio de un proceso “viciado de nulidad”.
Activistas alertan que los hombres no cometieron delito y que se atentó contra el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) sobre el debido proceso que debe aplicarse a “todas las actuaciones judiciales y administrativas”.
El primer elemento que vuelve el proceso ilegal es que no hubo orden judicial, asegura Richelle Briceño, abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y activista por los derechos de la comunidad LGBTI.
“Ultraje al pudor”, “agavillamiento” y “contaminación sónica”, fueron los tres cargos imputados por solicitud de la fiscalía. ¿Qué dice la ley y por qué múltiples abogados sostienen que los delitos imputados no aplican?, a continuación, la explicación:
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