33 hombres fueron detenidos en un sauna en Valencia, estado Carabobo, el 23 de julio y fueron acusados de agavillamiento, ultraje al pudor y contaminación sónica. ONG y activistas de derechos humanos aseguran que el procedimiento fue conducido por homofobia de Estado. Abogados consultados por TalCual aseguran que no hubo delitos y que las instancias de justicia deben evitar que esto se convierta en precedente contra las libertades ciudadanas
Los 33 hombres detenidos el 23 de julio en una redada realizada en un sauna en Valencia, estado Carabobo, no han obtenido su libertad plena. Todos permanecen bajo régimen de presentación. Para abogados y organizaciones no gubernamentales, el operativo encabezado por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) estuvo repleto de irregularidades y fue arbitrario e ilegal por no haberse cometido delito alguno.
Por el caso, el Ministerio Público (MP) se ha hecho prácticamente el desentendido, lo que abona el camino para que los atropellos policiales se exacerben no solo contra la personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (Lgbti), sino contra cualquier sector de la población.
Los ciudadanos fueron aprehendidos por efectivos de la PNB, supuestamente tras una denuncia de vecinos. Fueron trasladados a una delegación en un municipio distinto al lugar donde se ubica el sauna, fueron expuestos al escarnio público con fotos, nombre y apellido, y presentados ante tribunales después de las 48 horas que establece la ley. Se les acusó de agavillamiento, ultraje al pudor y contaminación sónica. Expertos consultados por TalCual han señalado que el procedimiento representa una criminalización de facto contra personas Lgbti.
El 3 de julio, 10 días después del operativo, el fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, dijo a Televen que el Ministerio Público solicitaría esa semana el sobreseimiento de la causa contra los 33 hombres, pero hasta el 8 de agosto no se había concretado ese anuncio.
*Lea también: Detenciones en Carabobo representan una criminalización de facto contra personas Lgbti
Luis Izquiel, abogado y experto en derecho penal, asevera que las instituciones de justicia deben dejar claro el hecho de la no comisión de delitos, «precisamente para no dejar precedentes a futuro que no solo afecten a la comunidad Lgbti, sino también a grupos heterosexuales», porque entonces estos delitos serían aplicables de manera discrecional.
«El precedente que debería marcarse es que la causa debería sobreseerse y que las instituciones de justicia digan que no hubo delitos, para que este tipo de atropellos no se repliquen en el futuro», dice a TalCual.
Sobre las acusaciones de homofobia de Estado que han hecho activistas de la comunidad Lgbti, Izquiel destaca que el procedimiento debería ser objeto de una investigación administrativa e inclusive penal para determinar si los efectivos actuaron o no por discriminación. El profesor universitario desestima los delitos que imputaron a los 33 ciudadanos.
La postura de Izquiel es coincidente a la de Acceso a la Justicia. Para la organización el caso es prueba de «los peligros que corre una sociedad cuando sus autoridades no cumplen sus funciones ni acatan las leyes» y pone en entredicho las afirmaciones de funcionarios del Estado, de que se ha erradicado toda práctica discriminatoria a los grupos vulnerables.
El próximo viernes el MP solicitará el sobreseimiento de la causa de 30 de los 33 detenidos en un sauna en Carabobo, el fiscal @TarekWiliamSaab no descarta investigar a los policías que realizaron el procedimiento. pic.twitter.com/Rp93VdqZbY
— Harley Monseguileman (@harleymonse1) August 3, 2023
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