La Justicia de Venezuela intervino a la Cruz Roja y ordenó una reestructuración y elecciones internas. Se prevé un proceso penal contra los directivos. La fiscacía denunció “abusos y maltratos” al personal. Defensores de DDHH alertan sobre “grave precedente” para la libertad de asociación.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó el viernes una “reestructuración amplia” de la Cruz Roja en el país y el cese en sus cargos de sus directivos, así como la constitución de una junta reestructuradora ad-hoc.
La decisión se tomó por petición del fiscal general y ex gobernador Tarek William Saab, quien denunció “acosos y maltratos” al voluntariado y trabajadores de la asociación por su presidente, Mario Villarroel Lander, quien fue destituido.
La nueva junta, que será presidida por un ex líder empresarial y contará “con la participación de la sociedad venezolana”, estará vigente hasta que se resuelva "el mérito de la presente demanda” introducida por Saab, reza la sentencia divulgada la noche del viernes.
El fallo fue firmado por una magistrada de la Sala Constitucional que fue rectora principal del Consejo Nacional Electoral durante 13 años, Tania D’Amelio, a quien la oposición venezolana asocia con el chavismo.
Horas antes de conocerse la sentencia, el vicepresidente para América de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (IFRC), Miguel Villarroel, solicitó al presidente venezolano Nicolás Maduro no intervenir la organización.
Miguel Villarroel, quien es hijo de Mario Villarroel Lander, expresó “profunda preocupación” por la intervención del gobierno e inquietud por la posible violación de los Convenios de Ginebra firmados por el Estado venezolano, así como por el futuro de la labor humanitaria.
Ricardo Cusanno, ex presidente de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecamaras), que reúne a las entidades económicas gremiales privadas, fue facultado por el TSJ para coordinar la designación de los miembros de la junta.
El empresario deberá garantizar la continuidad del servicio que presta la Cruz Roja Venezolana, una organización privada y sin fines de lucro, y convocar elecciones internas para elegir a las autoridades de la institución mediante un proceso “participativo y democrático”.
Cussano deberá además adelantar una evaluación y reorganización interna para modernizar su estructura y funcionamiento por al menos un año, un período que podría prorrogarse, de acuerdo con la sentencia.
Cusanno aseguró que para garantizar un proceso “transparente y apegado a los principios humanitarios de la institución” solicitó el acompañamiento de organizaciones y sectores de la sociedad civil, así como de la Federación Internacional de la Cruz Roja y del Comité Internacional de la Cruz Roja.
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