Economistas consultados por El País estiman que las deportaciones masivas que ha prometido el republicano Donald Trump, causarían una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de entre un 2,6 % y un 6 %. A los niveles de 2023, eso supondría una pérdida de entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares al año.
El reporte del medio web destaca que los planes que Trump tiene en materia de inmigración no asustan solo a los migrantes indocumentados y a los defensores de sus derechos; empresarios y economistas temen el daño económico que pueda causar una drástica deportación masiva de trabajadores que son parte fundamental de la fuerza laboral del país.
Líderes empresariales, republicanos y demócratas, se han juntado para pedir que Trump no lleve a cabo sus promesas de expulsión porque causarían una profunda crisis en la economía, sobre todo en sectores como el agrícola y los servicios.
“Los datos muestran que más del 54 % de nuestros empleados son indocumentados. Si van a deportar a todos, estos restaurantes tendrán una pérdida masiva de ingresos y caerán. Es insostenible. Creo que el presidente Trump, como empresario, lo entiende”, afirma Sam Sánchez, mexicanoamericano, y casado con mexicana, es dueño de varios negocios de restauración en Illinois y forma parte del consejo de la Asociación Nacional de Restaurantes.
Sánchez fue uno de esos latinos que cambió de bando el pasado 5 de noviembre. Demócrata registrado durante los últimos 40 años, estas elecciones dio su voto a Trump: “Nos sentimos defraudados y abandonados”.
Tras la pandemia, muchos empleados de restauración se dieron de baja para cobrar el desempleo, explica, y los que quedaron son indocumentados, que no pueden acceder a las ayudas.
Según American Immigration Council, los hogares de inmigrantes indocumentados pagaron 46.800 millones de dólares en impuestos federales y 29.300 millones en impuestos estatales y locales. Además, contribuyeron con 22.600 millones de dólares a la Seguridad Social y con 5.700 millones de dólares a Medicare, programas para los cuales no son elegibles.
“En este nuevo panorama, es vital que empleadores como nosotros interactúen y eduquen a esta nueva Administración y al Congreso sobre la urgencia de adoptar políticas que estabilicen la fuerza laboral”, dice Bob Worsley.
Exsenador republicano en el Estado de Arizona y empresario, Worsley copreside American Business Immigration Coalition (ABIC), que reúne a más de 1.400 líderes empresariales de 17 Estados, rojos y azules, cuya labor es promover reformas migratorias que mejoren la fuerza laboral y la competitividad en los negocios.
Como empresario del sector de la construcción en Arizona, recuerda el daño que supuso a la economía la política de “Muéstrame los papeles”, que llevó a que un 40% de los inmigrantes indocumentados dejaran el Estado entre 2007 y 2016, según datos de Pew Research. Su salida redujo el PIB de Arizona un promedio del 2% anual y el empleo fue un 2,5% menor a lo que habría sido de no producirse la expulsión, según un estudio de Moody’s para The Wall Street Journal.
“Afectará al crecimiento del PIB en Estados Unidos, a las empresas y a todos los estadounidenses, que se verán afectados por una hiperinflación laboral y retrasos para conseguir cualquier trabajo rutinario”, opina Worsley, cuya organización promueve una solución bipartidista.
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