Tras ocho días de estar detenido en condición de desaparición forzada, la madrugada del jueves 16 de enero fue excarcelado Carlos Correa, director de la organización no gubernamental Espacio Público, defensor de derechos humanos y periodista.
Correa fue detenido el pasado 7 de enero por “funcionarios encapuchados” y permaneció recluido en el centro de detención El Helicoide, en Caracas, en condición de desaparición forzada, sin posibilidad de comunicarse con su esposa, a pesar de las exigencias públicas al respecto y de que familiares y amigos preguntaron en repetidas ocasiones si estaba allí, indicó Espacio Público en un comunicado publicado este jueves.
Para Alí Daniels, abogado y codirector de Acceso a la Justicia, lo más grave del caso de Correa es el hecho de que hubiese estado desaparecido una semana sin que autoridad alguna haya indicado dónde se encontraba.
“Como se sabe, la esposa de Carlos (Mabel Calderín) señaló que un funcionario del Ministerio Público les había indicado que había sido imputado, pero nunca señaló el lugar de su reclusión. Entonces, para que las personas sepan, a los efectos de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas, aunque las autoridades señalen que una persona esté detenida, si no indican el lugar donde éste se encuentra y le dan acceso al mismo, a su abogado y a sus familiares, esa persona continúa desaparecida”, explicó Daniels.
El codirector de Acceso a la Justicia consideró que con la detención de Correa, el Gobierno pretende enviar un mensaje no solo a los defensores de derechos humanos, sino también a los medios de comunicación y periodistas a los efectos de que se intensifique la autocensura.
“Lo que se pretende es reforzar este clima en el cual quieren envolver a la sociedad venezolana, que todos estemos mirando sobre el hombro a ver quién será el próximo, y de este modo, generar autocensura, más de la que ya hay, y evitar que haya manifestaciones de solidaridad con los detenidos. Cosa que en el caso particular de Carlos, como se vio, no lo lograron. Los movimientos de derechos humanos venezolanos y personalidades internacionales expresaron su solidaridad con el caso de Carlos”, expresó.
Estigmatización de las ONG
El abogado señaló que con los instrumentos jurídicos que dispone el Gobierno, entre ellos la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, también llamada “ley antisociedad” por algunos activistas, actualmente las organizaciones de derechos humanos se encuentran en una situación de “estigmatización”.
“Como se ha visto en medios oficiales, hay una constante estigmatización de las organizaciones y, a pesar de ello, las mismas han mantenido su perfil de denuncia, pero obviamente cada vez va a ser más difícil porque con la aprobación de la ley antisociedad se establecen mecanismos que apuntan a la ilegalización de las mismas”, afirmó Daniels.
A juicio del codirector de Acceso a la Justicia, con esta acción el Gobierno nacional busca imitar el libreto que hizo el gobierno de Nicaragua, donde más de 3.000 organizaciones no gubernamentales fueron ilegalizadas en el primer año de aplicación de la normativa nicaragüense contra las ONG.
“Lamentablemente ese es el camino que está tomando el gobierno venezolano, afectando de este modo a millones de venezolanos que se benefician de la actividad de las organizaciones”, subrayó.
Detenciones
Daniels apuntó que dentro del marco normativo también destaca la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
Explicó que este instrumento, además de penalizar a quienes apoyen las sanciones contra el Gobierno, también tiene un artículo donde se considera que cometen delito todos aquellos que cuestionen la legitimidad de las autoridades en Venezuela.
“Cualquiera que cuestione los resultados oficiales del 28 de julio, pues puede ser objeto de persecución. Además, en el caso particular de la Ley Simón Bolívar ni siquiera se exige que haya una condena penal para ellos, sino que se establece un registro nacional donde una persona puede ser incluida por una simple sospecha, sin un juicio y sus bienes pueden ser congelados y prácticamente llevado a una muerte civil. Entonces, como se ve no es una acción aislada, sino que es todo un cerco que se está cerrando sobre la sociedad venezolana y por eso es tan loable lo que ocurrió en el caso de Carlos (Correa), donde tantos venezolanos se expresaron solidariamente pidiendo por su libertad”, detalló Alí Daniels.
Manifestó que las detenciones en el contexto postelectoral ponen de manifiesto las pretensiones de las autoridades para “acallar a la sociedad venezolana”.
De acuerdo a cifras del Foro Penal Venezolano, del 1 al 12 de enero registraron 83 detenidos políticos, siendo el 7 y el 9 de enero los días con mayor número de arrestos (17 y 46, respectivamente).
Estas aprehensiones ocurrieron en el marco de la juramentación de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero.
“No conocemos el detalle de cada una de esas detenciones, entonces no podemos señalar cuál es el perfil particular que se está buscando. Pero, en todo caso, esto confirma que el proceso que ya los compañeros del Foro Penal apropiadamente han calificado como ‘puertas giratorias’ se sigue utilizando y, por eso, aunque efectivamente ha habido liberaciones de personas detenidas en los sucesos postelectorales, el número de detenidos sigue siendo muy alto”, sostuvo Daniels.
Hasta el 17 de enero de 2025, el Foro Penal contabiliza un total de 1687 presos políticos en Venezuela.
Vencer el miedo
Daniels aseveró que en el país no se respeta el Estado de Derecho, aunque el Gobierno diga lo contrario.
Expresó que el miedo se ha convertido en una forma de vida para un defensor de derechos humanos en Venezuela, pero afirmó que “ante la realidad del miedo, la inacción no es una opción”
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.