La noche del pasado miércoles familiares informaron sobre el fallecimiento del ciudadano Jesús José Gutiérrez González, de 48 años, quien había sido detenido el pasado 23 de junio de 2024, acusado de ser responsable de apagón en el estado Nueva Esparta. Así lo reseñó en redes sociales el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).
La información se conoció de manera extraoficial, ya que, al momento de hacer la denuncia, los familiares no habían sido notificados formalmente de su deceso. Supieron que se encontraba en la enfermería del Centro de Formación del Hombre Nuevo “Simón Bolívar” (Antigua cárcel La Planta), en Caracas, desde el pasado 24 de enero, cuando tuvieron el último contacto con él a través de una videollamada.
Según sus allegados, Jesús manifestó que tenía dificultades para respirar y presentó signos de apnea. Además, esperaba ser trasladado a Margarita para ser intervenido quirúrgicamente por una eventración abdominal que ya había alcanzado un estado crítico, provocando la protrusión de sus órganos internos a través de la piel.
A mediados de enero de 2025, Jesús había sido condenado a ocho años de prisión por supuestos actos de sabotaje al Sistema Eléctrico Nacional. Sus familiares aseguran que esta condena lo afectó profundamente, pues la consideraba injusta y temía no soportar estar encarcelado tanto tiempo por un delito que no cometió.
Jesús, quien además padecía insuficiencia cardíaca, llevaba más de tres meses recluido en la antigua cárcel La Planta, tras ser trasladado desde Tocorón, estado Aragua, a finales de septiembre de 2024. Previamente, había llegado a Tocorón el 28 de julio, junto con otros presos políticos detenidos en el contexto poselectoral.
Al momento de su detención, trabajaba como vigilante en el Centro Comercial CCM de Margarita. Perteneciente a una familia humilde, sus allegados dan fe de su honestidad, solidaridad y compromiso con su comunidad y los valores democráticos.
Su detención fue vista como una gran injusticia por familiares y amigos, especialmente considerando que las interrupciones del servicio eléctrico en la Isla de Margarita son frecuentes y la negligencia gubernamental en esta materia, evidente.
En el momento del apagón del que fue acusado, residentes de la isla ya habían denunciado interrupciones constantes del servicio eléctrico de hasta 9 horas diarias, así como fuertes lluvias durante esos días, las cuales provocaron inundaciones. Tras estas precipitaciones, se reportaron explosiones de transformadores.
Inicialmente, el fiscal a cargo del caso, respetando el principio de presunción de inocencia, solicitó que Jesús permaneciera en libertad mientras se llevaban a cabo las investigaciones. Sin embargo, tras conocerse su liberación en la audiencia de presentación, el Ministerio Público revocó al fiscal de su cargo, y Jesús fue nuevamente detenido bajo la acusación de daño al sistema eléctrico.
Los familiares exigen:
– Información oficial y oportuna sobre la causa de muerte de Jesús.
– Una investigación exhaustiva sobre las circunstancias injustas que lo llevaron a su fallecimiento.
– Que sus restos sean entregados para que pueda ser velado y sepultado en su natal Porlamar, rodeado de sus seres queridos.
Jesús no deja hijos, pero sí a seis hermanos, uno afectado por un ACV, y a su padre de 90 años. Su madre falleció recientemente sin poder verlo ni abrazarlo nuevamente, tras haber sido arrancado de su hogar para pagar por un crimen que, según sus familiares, no cometió.
Es urgente que el Estado venezolano ponga fin a la práctica de instrumentalizar la justicia para perseguir a personas inocentes, que son identificadas como opositoras o sospechosas de serlo. Además, tiene la obligación de garantizar la vida y la salud de todas las personas bajo su custodia.
El incumplimiento de estos deberes constituye una violación grave de los derechos humanos, y la responsabilidad en estos hechos no puede quedar impune.
¡Exigimos justicia!
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