Más de sesenta años después del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958 y del inicio del período democrático más largo de nuestra historia republicana, hoy Venezuela enfrenta nuevamente el camino del autoritarismo.
El secuestro de la voluntad popular, expresada en los comicios del 28 de julio de 2024, se produjo en medio de una escalada represiva – sin precedentes en la historia nacional-, que ha conllevado la consolidación de prácticas de terrorismo de Estado, denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para acallar el descontento que reclama respeto a la transparencia electoral y un proceso de reconstrucción institucional que logre las condiciones para el desarrollo individual y colectivo.
El modelo político y económico de Venezuela ha sido manchado por abusos y corrupción, que excluye y niega los derechos de la ciudadanía, trata de imponerse mediante un aparato represivo que, como describió la Misión de la ONU sobre Venezuela, está orientado a “promover, tolerar y encubrir la comisión de abusos contra las garantías ciudadanas mediante prácticas encaminadas a causar terror en la población”.
No es posible guardar silencio cuando persiste el uso de la justicia como herramienta de persecución contra personas críticas y detenciones para intimidar toda forma de disidencia, abolir el pluralismo y obstruir el libre flujo del pensamiento y las ideas.
Con la llamada “Furia Bolivariana” escalaron las amenazas y la persecución contra las voces críticas en una clara estrategia de minar la ruta electoral, la cual fue sostenida a pulso por la gente y reivindicada el pasado 28 de julio. Junto a ello, el marco jurídico restrictivo para el ejercicio de los derechos a la asociación pacífica y a la libre expresión, entre otros, propiciaron una intensa ola represiva que alcanzó su punto máximo tras las masivas protestas realizadas en su mayoría en zonas populares del país luego de la divulgación de los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral.
Los abusos rompieron cifras históricas de represión, en pocos días, más de 2.400 personas fueron detenidas arbitrariamente, unas 25 personas asesinadas en el contexto, al menos 100 resultaron heridas de bala debido a la acción de agentes de seguridad y colectivos paramilitares, decenas de detenidos fueron reportados como desaparecidos y se denunciaron numerosos casos de torturas y tratos crueles inhumanos y degradantes, entre otros abusos.
El desconocimiento al deseo mayoritario de cambio político y la sucesiva extinción del Estado de derecho, no solamente ha tenido un grave impacto sobre los derechos civiles y políticos. La represión ha sido acompañada por el deliberado incumplimiento de las obligaciones estatales en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, acentuándose con ello la exclusión y la desigualdad social.
Tras casi tres años, el salario mínimo y las pensiones permanecen estancados en 130 Bs. mensuales, menos de $3 a tasa oficial BCV, las convenciones colectivas y otras conquistas alcanzadas por los trabajadores son desconocidas por medidas como el Instructivo de la ONAPRE; el Memorándum 2792 y la Ley Antibloqueo, y se avanza en una agresiva política de bonificación del ingreso que flexibiliza las relaciones laborales, precariza el empleo decente y mengua la calidad de vida de las familias.
En paralelo, la prolongada crisis de los servicios públicos como electricidad, salud, agua potable, y el deterioro del sistema educativo, generan más penurias a la población e imposibilitan la satisfacción del derecho a un nivel de vida adecuado.
En el escenario actual, los más afectados por la indolencia y el abandono gubernamental, se convierten en objeto de nuevos y permanentes abusos cuando intentan reclamar la restitución de los derechos perdidos. Prueba de ello es que la mayoría de las personas detenidas en los días posteriores a los comicios del 28J fueron habitantes de comunidades pobres de Caracas y otras regiones populares del país, quienes dieron sus esperanzas en la alternabilidad y la superación de la pobreza en su voto y reclamaron en las calles cuando el CNE tomó un rumbo distinto.
Desde Provea recordamos en este día el valor de la democracia y la organización ciudadana, como elementos esenciales para la construcción de un régimen de derechos y para condenar los autoritarismos de toda índole. El 23 de enero de 1958 se demostró ante la historia que, a pesar de la aparente fortaleza de las dictaduras, estas no pueden detener la fuerza de un pueblo organizado y convencido de la necesidad de un cambio.
Los venezolanos decidieron con el voto su destino político. Con ese derecho al sufragio heredado de los fervientes legisladores de 1947 (adecos, copeyanos, uerredistas, comunistas y otros), quienes soñaron con un país donde nadie pudiera decidir por otros la forma de vivir. Los redactores de la Constitución de 1947 aprobaron el voto universal, directo y secreto conscientes de su importancia en la instauración y consolidación de un proyecto político con la democracia como fin.
En esa dirección, enaltecemos el ideal interamericano por la construcción de una democracia integral, que dé garantía de los Derechos Civiles y Políticos y de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales como elemento esencial para el respeto de la dignidad humana.
Rescatamos la firmeza cívica de las instituciones sociales en resistencia que, pese a las amenazas, han dado un paso determinante para hacer contención a la deriva autoritaria y la pretensión de controlar todos los espacios de la ciudadanía.
Provea reivindica la importancia de seguir al lado de los ciudadanos, acompañando a las víctimas y sus familiares y, no menos importante, promover la esperanza en la construcción de un horizonte con un país compartido.
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