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viernes, 31 de enero de 2025

¿Qué busca el gobierno de Maduro con la entrega de armas a empleados públicos?

 


Miembros de ministerios, Corpoelec y empresas expropiadas por el gobierno, Movimiento de Pequeños Agricultores y milicianos recibieron rifles días antes de la investidura de Maduro






Unos días antes de la cuestionada investidura de Nicolás Maduro, el gobierno oficialista hizo entrega de armas a trabajadores públicos de al menos 31 empresas estatales y a milicianos. Esto podría indicar que el régimen está perdiendo influencia sobre los colectivos, por lo que busca expandir su ejército civil.

La entrega de armas el 8 de enero a miembros de ministerios, Corpoelec, y empresas expropiadas por el gobierno, estuvo precedida por un acto similar con Movimiento de Pequeños Agricultores en los estados centro-occidentales de Lara y Yaracuy, liderado por el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Un anális de InSight Crime señala que la mediática dotación de armamento se enmarca en la estrategia represiva para prevenir levantamientos sociales y consolidar el control político de Maduro por los próximos seis años.

Maduro pierde control sobre los colectivos

Además, el portal señala que el anuncio de la entrega de armas a grupos estatales y comunitarios demuestra que los colectivos, la principal herramienta paramilitar para frenar a la disidencia, son cada vez más independientes.

Muchos de los colectivos se han transformado en comerciantes, mientras que con la crisis económica de 2017 una gran cantidad de sus miembros migraron a otros país. A quienes permanecieron con el gobierno se les permitió controlar la entrega de alimentos subsidiados, gas doméstico y gasolina, mientras participaban en delitos como extorsión, robos, secuestros y microtráfico.

Entre algunos de los colectivos que han logrado establecer empresas destacan La Piedrita, Alexis Vive, Tres Raíces y Oswaldo Arenas, según entrevistas realizadas por InSight Crime. Gracias al financiamiento gubernamental, estos grupos desarrollaron cooperativas de alimentos, paradores turísticos, locales de comida, y casinos en Caracas y el estado Miranda.

Actualmente, gran parte del pie de fuerza que los colectivos exhiben en actos políticos es contratado, según afirmaron a InSight Crime el defensor de derechos humanos y un experto en seguridad en condición de anonimato por motivos de seguridad.

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