El presidente Donald Trump ordenó el miércoles la suspensión de la licencia que permite al régimen de Caracas exportar petróleo a Estados Unidos, alegando que Venezuela no está recogiendo a los deportados venezolanos con la rapidez acordada por el gobernante Nicolás Maduro.
Por Antonio Maria Delgado / elnuevoherald.com
“Por la presente, revertimos las concesiones que el corrupto Joe Biden le dio a Nicolás Maduro, de Venezuela, sobre el acuerdo de transacción petrolera, con fecha del 26 de noviembre de 2022. La decisión “también tiene que ver con las condiciones electorales dentro de Venezuela, que no han sido cumplidas por el régimen de Maduro”, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.
“Además, el régimen no ha estado transportando a los criminales violentos que enviaron a nuestro país… de regreso a Venezuela con la rapidez que habían acordado. Por lo tanto, ordeno que el ineficaz e incumplido ‘Acuerdo de Concesión’ de Biden se rescinda a partir de la opción de renovación del 1 de marzo”, dijo.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos renovó recientemente una licencia para que el gigante petrolero Chevron extraiga petróleo en Venezuela. La licencia, otorgada inicialmente por la administración Biden en noviembre de 2022, se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el régimen de Caracas. La producción de Chevron en el país sudamericano promedia unos 220,000 barriles por día, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de la producción actual del país de 900,000 barriles por día.
Reaccionando desde Caracas, la Vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, describió el anuncio hecho por Trump como una herida autoinflingida.
“En realidad se está infligiendo un daño a los Estados Unidos, a su población y a sus empresas”, escribió Rodríguez en un chat de Telegram, al describir la medida como “lesiva e inexplicable” y que pone en “entredicho la seguridad jurídica de Estados Unidos en su régimen de inversiones internacionales”.
Los expertos dijeron que la suspensión de Chevron no significa que el gigante petrolero tendrá hasta exactamente el 1 de marzo para cerrar sus operaciones en Venezuela, señalando que es probable que el Departamento del Tesoro le otorgue a la petrolera estadounidense un tiempo razonable para detener su producción de petróleo, las cuales no pueden ser apagadas con solo presionar un botón.
Pero es probable que la medida también tenga un impacto mayor en la industria petrolera venezolana que los 220,000 barriles por día que Chevron dejaría de producir.
Es muy probable que otras empresas internacionales que operan en Venezuela junto con Chevron también suspendan sus operaciones en el país sudamericano por temor a que se las encuentre en violación de las sanciones estadounidenses una vez que entre en vigencia la suspensión de la licencia, explicó Juan Fernández, ex director ejecutivo de planificación de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA.
Las operaciones de Chevron han desempeñado un papel clave en los esfuerzos de Venezuela por aumentar su producción petrolera, que había caído a niveles cercanos a los 400,000 barriles por día en 2020 desde los 3.2 millones de barriles por día que había logrado producir antes de que el difunto presidente Hugo Chávez lanzara su revolución socialista hace 25 años.
El anuncio de Trump, de no ser revertido, pondría en pausa una política emprendida por el gobierno estadounidense que buscaba obligar a Maduro a recibir de regreso a cientos de miles de venezolanos que viven actualmente en Estados Unidos a cambio de permitir que su régimen reactive su maltrecha industria petrolera.
Esa política fue promovida ávidamente por varios empresarios petroleros estadounidenses que tienen negocios en Venezuela, encabezados por Harry Sargeant III, un magnate de Florida con estrechos vínculos con el Partido Republicano.
Según una investigación del Miami Herald, Sargeant fue quien ayudó a organizar una reunión entre Maduro y el enviado especial de Trump, Richard Grenell, el 31 de enero. Esa reunión sentó las bases para un acuerdo que permitiría al régimen de Caracas aumentar sus ventas de petróleo a los Estados Unidos a cambio de aceptar a cientos de miles de deportados venezolanos.
Esa decisión enfureció de inmediato a los venezolanos del sur de Florida que tienen protecciones temporales contra la deportación y que ahora temen que los envíen de regreso a una nación que ha sufrido un colapso económico bajo el régimen autoritario de Maduro.
Pero el acuerdo ha tenido un lento comienzo. Hasta esta semana, poco más de 600 venezolanos han sido enviados de regreso a Venezuela en cuatro vuelos separados, incluyendo uno desde México y otro desde la base de la Marina de los Estados Unidos en la Bahía de Guantánamo, Cuba.
Con la actual frecuencia de vuelos, el régimen de Caracas tardaría más de una década en devolver a los cientos de miles de venezolanos que Trump quiere deportar, en el marco de su decisión de suspender el Estatus de Protección Temporal otorgado a 350,000 de ellos en 2023.
La reunión de Grenell en Caracas se convirtió en el foco de críticas entre los observadores de la política venezolana, preocupados por que permitir que Chevron continúe vendiendo petróleo del país sudamericano dentro de los Estados Unidos le daría a Maduro fondos suficientes para permanecer en el poder.
Un anuncio publicado el martes por la Fundación de Derechos Humanos en el sitio web de medios Politico acusó a Chevron y a Sargeant de financiar a un narcoestado encabezado por Maduro y el número dos de su régimen, el ministro del Interior Diosdado Cabello, quienes enfrentan cargos en Estados Unidos de dirigir un cartel de droga y sobre quienes el Departamento de Estado ha impuesto individualmente una recompensa de $25 millones por su captura.
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