Este domingo se cumple un año de la detención de la abogada hispano-venezolana Rocío San Miguel, un caso que se constituyó desde el primer instante en un claro ejemplo de la violación de derechos que el régimen de Nicolás Maduro ha convertido en su modus operandi para callar las voces de quienes les resultan incómodos. El ilegal arresto disparó las alarmas de organismos internacionales porque la activista contaba con decisiones a su favor y medidas de protección otorgadas por la CIDH y la Corte-IDH. En 12 meses no le han permitido tener acceso a su defensa ni se ha respetado el debido proceso.
La detención de Rocío San Miguel ocurrió el 9 de febrero de 2024 cuando pretendía viajar a Estados Unidos con Miranda Díaz San Miguel, su hija. El hecho fue llevado a cabo por funcionarios de migración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía con la excusa de que había un problema con su pasaporte.
Pasadas las horas, cerca del mediodía, funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le manifestaron a la también experta en seguridad que estaba siendo detenida sin mostrarle una orden de detención.
Rocío San Miguel fue detenida en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía | Foto AFP
Ese mismo día, las autoridades dejaron en libertad a Miranda Díaz San Miguel, quien solo se pudo llevar lo que su mamá le había entregado: su cartera, sus equipos electrónicos, lo que llevaba en las manos.
“Miranda va a su casa, le avisa a su papá, y le informa a la familia. Como es un lugar común el hecho de que la policía suele allanar en estos casos, y además prácticamente tomar el patrimonio de las personas como botín de guerra, ella trató de proteger algunas cosas de su mamá sin el ánimo de ocultar absolutamente nada, sino de cuidarlas: su computadora, sus teléfonos y algunas objetos y documentos que tenía en su casa que se consideraban de importancia. Se los entregó a unos de sus tíos. El tío simplemente trasladó ese material a su casa. Pero resulta que estaban siendo vigilados por la Dgcim”, señaló Juan González Taguaruco, abogado de San Miguel.
Al día siguiente, el 10 de febrero, Miranda recibió una llamada para que se presentara en el aeropuerto, con la excusa de recoger el equipaje; sin embargo, cuando llegó al sitio, la estaban esperando funcionarios de la policía para detenerla.
“Le dicen que llame a su papá, a Victor Díaz Paruta, y a él también se le detiene en el aeropuerto, de ahí son trasladados a la Dgcim. Posteriormente nos enteramos de que habían hecho seguimiento igualmente a Luis Alberto San Miguel, hermano de la abogada, que reside en Higuerote y estaba allí con su hermano Miguel Angel San Miguel, que había llegado dos días antes de España. Los dos son detenidos. Le quitan los equipos de la abogada y son trasladados igualmente a Caracas. En ese contexto, nadie sabía que el otro había sido detenido, salvo Miguel Ángel y Luis Alberto que fueron detenidos juntos”, detalló el abogado.
Ese mismo día, en horas del mediodía, funcionarios de la Dgcim allanaron un inmueble en el estado Anzoátegui, donde residía la expareja de la abogada, el militar retirado Alejandro González de Canales, quien fue detenido y llevado a Caracas, mientras que el inmueble fue precintado, como si hubiera sido objeto de incautación. Taguaruco asegura que González no tenía ningún tipo de comunicación con San Miguel desde que se divorciaron hacía ya más de un año.
Por el riesgo de persecución y detención arbitraria al que se enfrentaba por su activismo en la ONG Control Ciudadano, la cual ha monitoreado la situación de la Fuerza Armada en Venezuela durante casi dos décadas, la experta en seguridad tenía un protocolo que pidió se cumpliera estrictamente en caso de que le pasara algo. Ella había dejado por escrito quiénes quería que se hicieran cargo de su defensa y qué había que hacer en caso de que esto pudiera pasar.
San Miguel, experta en seguridad, tenía un protocolo que pidió se cumpliera estrictamente en caso de que le pasara algo | Foto EFE
“Se esperaron las 48 horas que ella pidió y empezamos a hacer las visitas a distintos centros de detención. Nosotros debemos resaltar que nos trasladamos a la Dgcim, en Boleíta, porque allí era que se encontraba detenida, donde no solamente preguntamos por la doctora Rocío San Miguel, sino por Miranda, Víctor Díaz, Miguel Ángel y Luis Alberto San Miguel. Nos dijeron que no estaban allí, y el patrón que siempre ha ejercido el gobierno en estos casos de detenciones arbitrarias, que es negar a las personas detenidas, se cumplió. Después de haber constatado esta información en el Sebin, la PNB y la Dgcim, que no estaban, denunciamos que estaban siendo víctimas de desaparición forzada”, recordó.
El 11 de febrero, el fiscal general de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, informó en X la detención de Rocío San Miguel. No dijo ni el lugar ni a la orden de qué autoridad jurisdiccional estaba detenida cuando habían pasado ya 48 horas, que conforme a la Constitución, en el Artículo 44-1, debió haber sido presentada ante un juez para que controlara su detención.
Sus abogados presentaron una acción de amparo constitucional, la cual fue declarada inadmisible por un tribunal de control municipal bajo el argumento de que supuestamente ella había sido puesta a la orden de un órgano jurisdiccional. Según las informaciones que había dado Saab sobre la detención, esa fue la primera acción de amparo que se introdujo.
Cerca de las 5:00 pm, Saab publicó otro tuit diciendo que en ese momento, ya casi 100 horas después de la detención, se estaba realizando la audiencia de presentación de Rocío San Miguel, pero tampoco indicaba allí el tribunal a cuya orden fue puesta ni tampoco la representación del Ministerio Público que estaba a cargo del caso. La información fue siempre incompleta.
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