En un comunicado, la FANB aseguró que el Patrullero Oceánico AB Guaiquerí (PO-11) transitó por la zona en el «ejercicio de sus funciones constitucionales de garantizar la soberanía nacional y seguridad en los espacios acuáticos». Además, sostuvo que la operación buscó resguardar la «integridad de los espacios marítimos de la fachada atlántica venezolana» y que en la región en disputa se encontraban «28 buques de perforación y tanqueros extranjeros» operando bajo consentimiento del gobierno de Guyana.

Según la FANB, la presencia de estas embarcaciones contraviene el derecho internacional al estar vinculadas a la «explotación y comercialización de hidrocarburos que yacen en el subsuelo» de un territorio cuya soberanía aún no ha sido definida. En este sentido, reiteró que «Guyana no tiene basamento legal ni legitimidad para disponer unilateralmente de un espacio donde no puede ejercer ni soberanía ni jurisdicción».

El comunicado también se refirió a la postura de algunos organismos internacionales, señalando que sus posiciones «tendenciosas y parcializadas» no contribuyen a la solución del conflicto. La FANB los acusó de ser «agoreros del desastre» en lugar de promotores de un entendimiento pacífico entre ambos países.