Era finales de diciembre, apenas días antes de la toma de posesión del nuevo período presidencial, cuando Nicolás Maduro anunció su intención de impulsar una reforma constitucional para “consolidar la soberanía popular”. Desde ese instante se hizo clara la dirección que pretendía tomar la administración chavista de cara a la investidura del 10 de enero de 2025, para la cual resultó electo Edmundo González Urrutia, según las actas electorales emitidas por las máquinas de votación del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Para cumplir esa tarea, Maduro designó una comisión conformada por personas cercanas y leales que han desempeñado diversos cargos en su administración. Entre ellos destacan los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, el fiscal Tarek William Saab, el ministro Vladimir Padrino López, y Cilia Flores, esposa del mandatario.
Si bien no es la primera vez que Maduro recurre a la aplicación de nuevas reformas para aplacar una crisis política, en esta ocasión parece ir direccionado a regularizar prácticas represivas ocurridas días después de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, advierten expertos consultados por El Nacional.
Una de ellas, por ejemplo, viene a ser el fortalecimiento de la persecución a la oposición política o cualquier vestigio de resistencia ciudadana. Dentro de este renglón se incluyen la aplicación de “penas draconianas” contra cualquier persona que “atente contra la paz del país”, según instó el propio Maduro a la comisión.
Nicolás Maduro habla con el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, mientras la esposa de Maduro, Cilia Flores, aplaude frente al palacio presidencial de Miraflores en Caracas el 10 de enero de 2025. Foto: Federico PARRA / AFP
Un «sistema roto» frente a una reforma constitucional
Hace ocho años, en 2017, Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente en medio de un escenario de protestas masivas que exigían su renuncia por todo el país. Al momento, dicho organismo arrebató funciones a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, que había sido electa a finales de 2015, aprobando leyes para las que no tenía facultades, como la Ley contra el odio. Y en 2020, cuando cesó sus actividades, no presentó ningún tipo de reformas.
La reforma, adicionalmente, abre un nuevo debate. Éstas deben ratificarse mediante votación popular, de acuerdo con lo establecido en la Constitución. En ese sentido, que esta iniciativa ocurra en medio de la crisis de legitimidad que enfrenta Maduro y el fraude electoral denunciado por la oposición y la comunidad internacional (con base en las actas electorales), contribuye a restarle credibilidad al proceso.
“La clave para entender esta reforma es el contexto”, asegura el politólogo Walter Molina a El Nacional. A su juicio, todo comenzó con la derrota del chavismo antes, durante y después de las elecciones del 28 de julio de 2024, cuando millones de venezolanos manifestaron su apoyo al presidente electo Edmundo González Urrutia.
“Ahora, el chavismo busca reconstruir una nueva estructura legal que le permita sostenerse a la fuerza. La instauración del ‘poder comunal’ no es más que la fachada para su objetivo real: eliminar cualquier vestigio de institucionalidad republicana y avanzar hacia un modelo totalitario. El sistema se rompió ante la realidad que impuso el pueblo venezolano”, sostiene Molina.
En este escenario, dirigentes de la oposición venezolana y diversos sectores de la sociedad civil han expresado preocupación por la reforma. La consideran un intento de consolidar un modelo autocrático que usará el oficialismo para perpetuarse en el poder sin necesidad de contar con la mayoría electoral. De esta manera, denuncian que la inclusión del “poder comunal” resulta una estrategia para reforzar el control político y social del chavismo.
Durante los días posteriores al 28 de julio de 2024, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) desplegaron canales de comunicación, como número de teléfono de contacto, para reportar a personas que participaran en protestas o se manifestaran de algún modo en contra del autoproclamado triunfo de Nicolás Maduro. Lo que vino después fue una ola intensa de represión que encarceló a miles de opositores en apenas horas.
Para la organización Acceso a la Justicia, la poca información sobre la reforma constitucional refuerza «los temores de que el objetivo sea terminar de liquidar el derruido Estado de Derecho, sobre todo a la luz de las declaraciones oficiales que manifiestan que su objetivo es implantar de manera definitiva el Estado comunal”.
Una mujer sostiene un cartel que dice «libertad para los presos políticos» mientras la gente participa en una protesta contra el gobierno de Nicolás Maduro en Doral, Florida, el 10 de enero de 2025. Foto: Eva Marie UZCATEGUI / AFP
Represión con una fachada de “legalidad”
A pesar de los escasos datos que den cuenta de lo que pudiera aplicar la reforma constitucional, sí existen indicios claros de sus posibles intenciones.
Apenas después del 28 de julio de 2024, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró que la mayoría chavista modificaría algunas normas para impedir a los opositores “que hayan desconocido los resultados emitidos (de las presidenciales)” participar en futuras elecciones.
Desde entonces, la AN oficialista ha anunciado numerosos cambios en leyes enfocadas en restringir las operaciones de ONG en el país, así como la amenaza de aplicar inhabilitaciones políticas, penas de cárcel y hasta incautación de bienes contra la disidencia.
A su vez, durante una de las reuniones con la comisión encargada de la reforma constitucional, Nicolás Maduro reiteró la necesidad de aplicar con severidad los castigos.
“El chavismo no necesita leyes para reprimir, pero las usa para darle una fachada de legalidad a su persecución política. Ya hemos visto esto con la Ley contra el odio, que ha sido utilizada para encarcelar a tuiteros, periodistas y activistas por el simple hecho de expresar opiniones contrarias al régimen”, dice Molina.
«Con esta reforma, buscan reforzar su capacidad represiva al establecer un concepto tan ambiguo como ‘amenazar la paz del país‘. En un sistema donde cualquier crítica al régimen ya se considera un delito, esta reforma servirá para institucionalizar el terror», concluye.
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