El gobierno de Venezuela tiene a mano una polémica ley que le permitirá hacer negocios con escasa transparencia para mantener a flote la producción petrolera nacional tras la revocación de la concesión a la firma Chevron por parte de la administración del presidente Donald Trump, esta semana, advierten economistas.
Por: VOA
La Ley Antibloqueo, aprobada en 2020 por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente en respuesta a las sanciones económicas extranjeras, permite al gobierno adelantar negocios en el sector de hidrocarburos sin rendir cuentas, consultar al parlamento o publicar datos sobre esas explotaciones, incluso manteniendo en secreto la identidad de contratistas.
La estatal venezolana PDVSA, que producía más de 3 millones de barriles al día a principios de siglo, el triple de sus operaciones reportadas en enero de 2025, comenzó a operar con base en la Ley Antibloqueo inmediatamente tras su promulgación, de acuerdo con expertos independientes, como el economista Manuel Sutherland.
“Esa ley facilita procesos para que haya más oscuridad, más arbitrariedad y discrecionalidad en la asignación de contratos y menos rendición de cuentas, incluso adelantando procesos de privatización” que contradicen o suprimen artículos de otras normativas, como la Ley de Hidrocarburos, y potencialmente perjudican los bienes del Estado, comenta a la Voz de América.
Su artículo 19, por ejemplo, autoriza al gobierno venezolano a “inaplicar” leyes que no pueda aplicar debido a las sanciones y superar sus “obstáculos” o “compensar sus daños.
Su norma 37 permite “un régimen transitorio” para clasificar documentos con “contenido confidencial y secreto” a fin de proteger las decisiones del ejecutivo en estos casos.
Cualquier autoridad u órgano de la administración pública en Venezuela puede dar asimismo un “carácter de reservado, confidencial o de divulgación limitada” a los expedientes de operaciones que permitan contrarrestar las sanciones. La Contraloría General está obligada además a coordinar con el ejecutivo su acceso a esos archivos.
Los opositores venezolanos criticaron su promulgación, primero, por haber sido sancionada por una Constituyente convocada sin respeto a la norma constitucional ni referendo previo, según sus argumentos, y, luego, porque tampoco tendría facultades para crear leyes, sino solamente para modificar artículos de la Constitución.
Soberanía con riesgos
l gobierno venezolano criticó la decisión y lanzó un programa para alcanzar lo que llamó su “soberanía” en la industria petrolera, sin avanzar mayores detalles al respecto.
José Guerra, economista y diputado electo por la oposición venezolana en 2015, está convencido de que el gobierno tiene a mano un “basamento legal” para tratar de sustituir a Chevron en esas empresas mixtas donde compartían acciones.
Puedes leer la nota completa en VOA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.