La “Pequeña Venezuela” de Miami teme las medidas de Trump contra la migración

 

Ciudadanos estadounidenses que inmigraron de Venezuela hace entre 16 y 30 años juegan al dominó fuera de El Arepazo, un restaurante que es un punto de encuentro de la comunidad venezolana en Estados Unidos, en Doral, Florida, el miércoles 2 de abril de 2025. Muchos de los amigos, como César Mena, a la derecha, votaron por el presidente Donald Trump y le siguen apoyando. Mena dijo que tenía familiares y amigos amparados por el TPS, y lo lamentaba por ellos, pero era una situación temporal y había un problema que resolver. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

 

Wilmer Escaray dejó Venezuela en 2007 y se inscribió en el Miami Dade College, antes de abrir su primer restaurante seis años después. Ahora tiene una docena de negocios que contratan a migrantes venezolanos como él lo fue alguna vez, trabajadores que ahora están aterrorizados por lo que podría ser el fin de su protección legal contra la deportación.

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Por Gisela Salomon / apnews.com

Desde principios de febrero, el gobierno de Trump ha puesto fin a dos programas federales que juntos permitieron a más de 700.000 venezolanos vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, al igual que cientos de miles de cubanos, haitianos y nicaragüenses.

En la comunidad venezolana más grande de Estados Unidos, la gente teme lo que podría enfrentar si las demandas que buscan detener al gobierno fracasan. Es de lo único que se habla en “Little Venezuela” o “Doralzuela”, una ciudad de 80.000 personas rodeada por la expansión de Miami, autopistas y los Everglades de Florida.

Temores de deportación en Doralzuela

Las personas que pierdan sus protecciones tendrían que permanecer ilegalmente con el riesgo de ser deportadas o regresar a casa, una ruta poco probable dada la agitación política y económica en Venezuela.

“Es de verdad bastante lamentable perder ese capital humano, porque hay personas que hacen trabajo aquí, que otras personas no lo van a hacer”, expresó Escaray, de 37 años, en uno de sus restaurantes, “Sabor Venezolano”.

Nuevas vidas en riesgo

John llegó de Venezuela hace nueve años y compró una empresa de construcción en crecimiento con un socio. Él y su esposa están bajo el Estatus de Protección Temporal, o TPS, que el Congreso creó en 1990 para personas en Estados Unidos cuyos países de origen se consideran inseguros para regresar debido a desastres naturales o conflictos civiles. Los beneficiarios pueden vivir y trabajar mientras dure la situación, pero el TPS no ofrece un camino hacia la ciudadanía.

Nacida en Estados Unidos, su hija de cinco años es ciudadana. John, de 37 años, pidió ser identificado solo por su primer nombre por temor a ser deportado.

Su esposa ayuda con la administración en su negocio de construcción mientras trabaja como agente de bienes raíces. La pareja le dijo a su hija que podrían tener que dejar Estados Unidos. Venezuela no es una opción.

“Nos duele que el gobierno nos dé la espalda”, dijo John. “No somos personas que vinimos a delinquir, vinimos a trabajar, a construir”.

Un juez federal ordenó el 31 de marzo que el estatus de protección temporal se mantuviera hasta la próxima etapa del proceso de impugnación en la corte y al menos 350.000 venezolanos se salvaron temporalmente de perder su autorización para estar en el país. Escaray, el dueño de los restaurantes, dijo que casi todos sus 150 empleados son venezolanos y más de 100 están amparados por el TPS.

Por su parte, otro programa federal de inmigración que permitió a más de 500.000 cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses trabajar y vivir legalmente en Estados Unidos —el permiso humanitario para permanecer en el país— expira el 24 de abril a menos que haya una intervención judicial.

Clientes comen dentro de uno de los restaurantes de Sabor Venezolano, propiedad de Wilmer Escaray, que gestiona una docena de negocios que contratan a migrantes venezolanos como fue él en su día, en Doral, Florida, el martes 1 de abril de 2025. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

 

Política migratoria

Los venezolanos fueron uno de los principales beneficiarios cuando el expresidente Joe Biden amplió drásticamente el TPS y otras protecciones temporales. Trump intentó cancelarlas en su primer mandato y ahora en su segundo.

El fin de las protecciones temporales ha generado poca reacción política entre los republicanos, excepto por tres representantes cubano-estadounidenses de Florida que pidieron evitar las deportaciones de los venezolanos afectados. Mario Díaz Ballart, Carlos Gimenez y Maria Elvira Salazar han instado al gobierno a evitar la deportación de venezolanos sin antecedentes penales y revisar a los beneficiarios del TPS caso por caso.

La alcaldesa de Doral, hogar de un club de golf de Trump desde 2012, escribió una carta al presidente pidiéndole que encuentre un camino legal para los venezolanos que no han cometido delitos.

“Estas familias no quieren limosnas”, dijo Christi Fraga, hija de exiliados cubanos. “Quieren una oportunidad para seguir trabajando, construyendo e invirtiendo en Estados Unidos”.

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