"Venezuela no es el Tren de Aragua”: radiografía de una comunidad en la mira de la administración Trump

 

Ciudadanos venezolanos que residen en Estados Unidos participan en una protesta, en la plaza de Times Square, en Nueva York, el 17 de agosto de 2024.
Angel Colmenares (EFE)

 

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la comunidad de inmigrantes venezolanos en Estados Unidos ha sido atacada como nunca hasta ahora. En menos de 100 días, a los sudamericanos se les despojó de dos de las protecciones migratorias que les permitían vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Primero, fue la anulación de la extensión del TPS otorgada por el Gobierno de Biden actualmente suspendida por un juez federal de California que amparaba a unos 350.000 venezolanos; y segundo, la eliminación del parole humanitario, que concedía residencia temporal a unos 117.000 venezolanos. Pero el mayor daño ha sido el intento de criminalizar a una diáspora que supera a las 900.000 personas, según la encuesta 2023 de la Comunidad de la Oficina del Censo de Estados Unidos (ACS, por sus siglas en inglés), y ocupa el décimo lugar entre las diez mayores comunidades latina del país.

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Por José Luis Ávila | El País

“Hemos sido el target de la nueva Administración con insultos y adjetivos absolutamente racistas. Hemos sido llamados animales… Sin que jamás se diferenciara a los miles de venezolanos trabajadores que llegaron a este país de los contados que han cometido algún delito. Venezuela no es el Tren de Aragua, y estamos luchando para que el sistema judicial estadounidense acabe con esta injusticia”, explica Adelys Ferro, directora del Venezuelan American Caucus, una organización que participó en la demanda con la que la Alianza Nacional de TPS y otros siete demandantes lograron detener de forma temporal la medida del Departamento de Seguridad Nacional que revocaba la vigencia de la protección migratoria.

La activación de la ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por parte de la Administración Trump, bajo el argumento de estar siendo víctimas de una invasión por parte de la banda criminal Tren de Aragua (de origen venezolano y con presencia en varias ciudades del país), provocó que 238 hombres nacidos en la nación sudamericana fueran deportados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, sin control judicial. El Gobierno incluso reconoció que 101 de ellos no tenían antecedentes criminales ni formaban parte del grupo delictivo.

Este hecho desencadenó una disputa entre el poder judicial y la Casa Blanca después de que un juez bloqueara temporalmente la aplicación de la ley (solo usada en contextos bélicos), y el Gobierno de Trump acudiera al Supremo para pedir que se levante la prohibición que le impide acelerar la expulsión de migrantes irregulares. También la indignación de la comunidad venezolana y de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, que fueron testigos de una deportación convertida en espectáculo propio de un thriller de terror. Así lo calificó Juanita Goebertus, directora de la División Américas de la organización Human Rights Watch, quien señala que el presidente salvadoreño Nayib Bukele estaría buscando convertir a su país en un Guantánamo centroamericano.

Mientras, los datos oficiales demuestran que la inmigración venezolana no representa ningún peligro para la seguridad de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), un organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro, publicó que alrededor de 800 personas habían sido arrestadas en el país por su participación o vínculos con el Tren de Aragua. Esto quiere decir que solo el 0,08% de los inmigrantes venezolanos en el país serían parte de la organización criminal. Además, ninguno de los detenidos tenía Estatus de Protección Temporal (TPS).

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